A más de dos décadas de la implementación de la ley de las 35 horas semanales en Francia, sancionada en el año 2000, los efectos de esta política de reducción horaria continúan siendo el epicentro de un debate complejo y con resultados ambivalentes. El análisis técnico destaca que, si bien la medida cumplió con objetivos sociales importantes al permitir una mayor flexibilidad y una mejor conciliación entre la vida laboral y familiar, su impacto macroeconómico presenta matices críticos. Entre los logros, se contabiliza una reducción del desempleo, que pasó de un 10,2% en el año 2000 a un 7,9% en 2021. No obstante, los efectos negativos sobre el tejido productivo son evidentes: el aumento del costo laboral para las empresas, obligadas a contratar más personal para sostener la misma carga de trabajo, ha derivado en una pérdida de competitividad internacional. Esto se refleja en la disminución de la presencia francesa en la lista Fortune Global 500 —de 34 empresas en el año 2000 a 30 en 2021— y un retroceso en el ranking de economías globales, pasando del quinto al séptimo puesto. Asimismo, el estancamiento del salario real es un factor determinante, dado que el aumento nominal del 8,8% en 21 años ha sido ampliamente superado por una inflación acumulada del 34,6%, lo que plantea serias dudas sobre la sostenibilidad de esta medida a largo plazo.
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